La "legalidad" en la Década Infame

Grupo 2: La "legalidad" en la Década Infame

1. Autoritarismo y fraude
Los militares que dieron el golpe (encabezado por Uriburu y Justo) tenían dos ideologías dis¬tintas y un objetivo en común: derrocar a Yrigoyen. Evidentemente, el golpe era totalmente ilegal (por contravenir la Constitución) e ilegítimo (por no haber surgido de la mayoría de la población). La Suprema Corte de Justicia trató de legalizar el gobierno de facto aduciendo razones "de orden público", reconociendo a las nuevas autoridades como un "gobierno de hecho" y dando validez a sus actos "cualquiera pueda ser el vicio o deficiencia de sus nom¬bramientos o de su elección".
A José Félix Uriburu no le interesaba demasiado la Constitución, sino que su intención era modificar el sistema parlamentario representativo por uno corporativista: quienes estuvieran en el Congreso deberían ser "delegados cíe las fuerzas vivas de la Nación" (es decir, ya no surgiría su nominación de los partidos políticos, sino que debían ser propuestos por los gru¬pos de poder que el gobierno considerase importantes -Ejército, Iglesia, sindicatos, empre¬sas-. Es decir, quería reemplazar el sistema democrático por uno fascista, pero no tuvo apo¬yo suficiente para imponerlo. Había disuelto el Congreso Nacional e intervenido las provin¬cias, hecho que fue aceptado como situación provisoria por los otros golpistas. Pronto fue presionado por el sector liderado por Agustín P. Justo, que prefería la fachada liberal, con¬vocando a elecciones para la restauración del Congreso y de los gobiernos provinciales. Cuando Uriburu pensó que el radicalismo ya no tenía suficientes adeptos, convocó a eleccio¬nes libres el 5 de abril de 1931. Se equivocó: ganó el radicalismo. Uriburu anuló los comi¬cios, porque no había hecho el golpe de Estado para admitir a los radicales nuevamente en el gobierno, aunque fuera el provincial. Es por ello que al convocar nuevamente a eleccio¬nes -esta vez presidenciales- vetó el nombre de Marcelo T. de Alvear y se preocupó de ase¬gurar los resultados por medio del fraude.
Durante su gobierno, los jueces opositores fueron exonerados. Los militares participantes fue¬ron ascendidos y los defensores de la legalidad fueron castigados con prisión o destitución. El estado de sitio duró por primera vez un año y medio. Se implantó la "ley marcial", reimplantando la pena de muerte. Se clausuraron diarios y se puso en prisión al director del periódico Crítica (Na¬talio Botana). A los opositores se los castigó con la cár¬cel, que muchas veces incluía torturas. Se deportaron ciudadanos. Se intervinieron doce provincias, caducan¬do los tres poderes en las mismas, También fueron intervenidas las Universidades, reduciendo su presu¬puesto y nombrando profesores por decreto. Con el fraude llegó al gobierno el 20 de febrero cíe 1932 el general golpista Agustín P. Justo, siendo su vicepresi¬dente el hijo del ex presidente Julio A. Roca, que se lla¬maba como su padre. Las elecciones de 1937 tuvieron esas mismas características, y por medio de la violencia y el fraude asumieron la presidencia Roberto M. Ortiz y la vicepresidencia Ramón S. Castillo. Éste debió hacerse cargo del gobierno en 1940 debido a licencia por enfer¬medad de Ortiz (que muere en 1942).
Ortiz había que¬rido comenzar a limpiar los procedimientos electorales, y desde su lecho de enfermo denunció la permisividad de Castillo frente al fraude en las elecciones provincia¬les. Ramón Castillo prefería los métodos que aseguraran la continuidad al régimen oligárquico: proponía como presidente al terrateniente Robustiano Patrón Costas. Es por eso que, en el año cíe las elecciones, un grupo de oficiales nacionalistas, el GOU -del que hablaremos en e) próximo capítulo-, lleva adelante un golpe militar de signo ideológico opuesto al que detentaba el poder.
El gobierno permitió y estimuló la formación de una fuerza armada privada, llamada Legión Cívica, desde 1931- Les garantizaba instrucción militar y armamento, y les otorgaba la facultad de intervenir "en defensa del orden público amenazado o alterado"-.
Sus objetivos, establecidos en 1934, eran colaborar con la autoridad para mantener la seguridad pública y el orden interno, y trabajar por la "argentinidad y el culto a la patria", lu¬chando contra todo factor que atente contra la "unidad social y moral del pueblo argentino". En la práctica, su razón de ser estuvo en la represión de los conflictos obreros y en la implementación del frau¬de electoral. Lo podía formar cualquier patrón dueño o encargado de diez mil hectáreas, que así podría ser de¬signado comisario auxiliar y nombrar subalternos, teniendo dentro de sus propiedades las mismas atribucio¬nes que la policía. Por supuesto, evitaban con esto cual¬quier protesta de los trabajadores, y además se asegura¬ban el resultado cíe las elecciones: sólo podían ser ele¬gidos quienes contaran con una fuerza armada capaz de alejar a los opositores y de cambiar las urnas si fuera necesario. De este modo, existían legiones en los viñe¬dos mendocinos, en las minas, en La Forestal (empresa inglesa que dominaba el bosque chaqueño, que emitía su propia moneda, enarbolaba bandera extranjera en territorio argentino y dentro de la cual no podían entrar fuerzas policiales o militares regulares.).
2. La "Sección Especial" de la policía
Con posterioridad al golpe del 6 de septiembre se co¬mienzan a escuchar voces de protesta, que son acalladas en los sótanos cíe la Penitenciaría de Buenos Aires. Allí son torturados presos sociales y opositores al régimen. En 1931 se crea la sección "Orden Político" para repri¬mir con más método. Uno cíe sus jefes y organizadores fue el argentino Leopoldo Lugones hijo, tristemente cé¬lebre por haber inventado mundialmente la "picana", utilizada para torturar con electricidad. Éste ordenaba los tormentos pero no asistía a las sesiones, entre los que sí se contaban el ministro del interior Sánchez Sorondo y el coronel Juan Bautista Molina. Trataban cié aniquilar la voluntad del sometido a suplicios, averiguando el nom¬bre de otros opositores e imponiendo el terror. No bus¬caban en general la muerte de las víctimas, excepto en los casos de los anarquistas Di Giovanni y Scarfó, fusila¬dos después de haber sufrido terribles castigos.

Fuente: Alonso Maria y Otros., “Historia Argentina del Siglo XX”, Aíque, 1997.